La Diputación participa en un plan de identificación transfronteriza para facilitar a los ciudadanos y empresas de la UE el acceso a los servicios públicos digitales
La Diputación Provincial de Ourense, a través del Área de Transparencia y Gobierno Abierto, participa en el proyecto eID4Spain20, que tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios públicos digitales a todos los ciudadanos y empresas de la Unión Europea ofrecidos por la institución provincial. Más información en la web de la Deputación de Ourense.
Se trata de una apuesta por el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías para agilizar las relaciones con las administraciones, aumentar la calidad de vida de las personas y afrontar un reto clave como es la reducción de la brecha digital.
El programa supondrá “un paso más en nuestra vocación por la tecnología y la innovación, que apuntalan nuestra política de accesibilidad electrónica a todas las actuaciones que necesita la ciudadanía, extendiendo ahora este proceso a los residentes en los países de nuestro entorno”, ha señalado el presidente provincial Manuel Baltar.
Dado que el primer requisito para acceder a una sede electrónica es la identificación del usuario, la Diputación trabaja en la progresiva actualización de todos los trámites que se pueden realizar por vía electrónica, para que tanto los ciudadanos como las empresas de la Unión Europea puedan utilizar su dirección electrónica nacional.
El proyecto, coordinado por la Universitat de València y en el que también participan el Ayuntamiento valenciano de Torrente y Alcobendas en Madrid, pretende garantizar la movilidad transfronteriza apoyando y potenciando el mercado único digital, facilitando la participación de particulares, empresas y colectivos en otros territorios, además de cumplir con las políticas, estrategias y actividades a nivel nacional europeo en el campo de la identificación electrónica.
La iniciativa, con un presupuesto de más de 100.000 euros cofinanciados al 75% por el programa "Conectando Europa", tiene una duración de 18 meses y supondrá para los participantes y sus beneficiarios un paso más en la política de accesibilidad electrónica a todas las gestiones necesitan ciudadanos europeos.